El proceso de “actualización del modelo económico y social cubano” constituye la máxima prioridad dentro de la agenda del Gobierno de la República de Cuba. Tiene asociado sustantivas transformaciones e impactos políticos y sociales con el objetivo de garantizar un desarrollo marcado no solo en temas de administración pública y del sector productivo cubano, sino en el propio desarrollo social y la participación activa de los ciudadanos cubanos en el proyecto de país, acorde con el propósito de garantizar y perfeccionar nuestro sistema socialista. Como resultado de lo anterior, la administración pública cubana se ha visto en los últimos años sujeta a cambios y modificaciones en relación con su concepción, visión y funcionamiento. Todo esto con el objetivo de garantizar no solo el desarrollo económico del país, sino avances sustanciales en la relación gobierno-ciudadanía. Dentro de las bases del modelo de desarrollo cubano, justamente la modernización de la administración pública figura entre las prioridades más relevantes, sobre la base de fomentar no solo un Estado proactivo e innovador, sino una relación más funcional y estrecha entre el Gobierno y la ciudadanía. Los ciudadanos, como actores fundamentales del proceso de transformaciones de la sociedad cubana, exigen, por otra parte, que se tengan en cuenta sus necesidades, motivaciones y realidades contextuales para una mejor participación e inserción en los procesos y transformaciones que se llevan a cabo en el contexto nacional. En la relación gobierno-ciudadanía, y específicamente en uno de los escenarios en los que esta se manifiesta, la administración pública, la información y la comunicación constituyen componentes sustantivos para su adecuado funcionamiento. Una gestión eficiente de tales escenarios infocomunicacionales generaría un mejor y mayor uso y tratamiento de la información, un mayor consenso en torno al proceso de cambios, y una proyección estratégica más articulada hacia el interior y el exterior de las organizaciones.